A la salida de la reunión, el Alcalde Arriagada señaló que, “hemos planteado nuestra visión sobre los temas que nos afectan, como el conflicto suscitado por el Bono SAE, que significó para los Municipios el desembolso de más de 40 mil millones de pesos”. Aclaró que, “al iniciarse el año 2009 desembolsamos otros 36 mil millones de pesos, por un dictamen de la Contraloría que beneficiaba a los funcionarios municipales”.

Arriagada explicitó que los Municipios del país se guían por normas legales y que cada norma tiene un costo al momento de su aplicación: “A veces por la vía de judicializar interpretaciones de éstas normas, los presupuestos municipales son absolutamente desvirtuados y hemos querido poner en conocimiento de la máxima autoridad judicial estos antecedentes, para que los poderes del Estado conozcan lo que está pasando en estas materias”.

En lo general, la preocupación de los municipios dice relación con la cantidad de normas que, por un lado no son discutidas en el Parlamento con los propios interesados, los alcaldes, y por otro lado, la judialización de muchas de estas materias que podrían resolverse sin necesidad de llegar a los tribunales.

Comunicaciones AChM