El informe Doing Business 2010 del Banco Mundial, establece que se requieren 27 días y 9 trámites, pero en la mayoría de los casos el tiempo puede superar los seis meses considerando la demora en reunir los antecedentes, permisos y fiscalizaciones de diversos organismos y las características del municipio. En cuanto al costo, una empresa industrial está en torno a los US$ 1.350 y una del rubro comercial alimenticio, en US$ 1.270. Además, los costos fijos notariales y legales -independientes del monto del capital invertido-, se acercan a los US$ 550, sostienen en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

"El principal motivo por el que los emprendedores abandonan la opción de formalizarse está en el conjunto de trámites que deben cumplir, incluyendo los municipales, del ámbito laboral, sanitario, tributario y ambiental", reconoce Jean-Jacques Duhart, subsecretario de Economía. De hecho, son más los momentos en que un documento en trámite está "a la espera de algo", o sea, en tiempo muerto: 623,5 horas (casi 26 días) versus las 31,7 horas que está en una operación; 15,35 horas en una inspección; y 13,1 "viajando" de un lado para otro.

Ése ha sido justamente uno de los diagnósticos de un proyecto piloto de simplificación de trámites municipales que está desarrollando el Ministerio de Economía y Fundes, con la colaboración de la Asociación de Municipalidades. ¿Metas? Reducir en hasta 80% el tiempo de los trámites; en 50% el número de documentos necesarios y las visitas a la institución; 60% la cantidad de actividades (pasos); aumentar en 30% la formalización de empresas; y subir en 25% la recaudación de impuestos.

Competencias necesarias

La metodología, desarrollada por Fundes, contempla cuatro fases: determinar qué trámites simplificar; diagnosticar los trámites seleccionados desde el punto de vista jurídico, técnico, administrativo y económico; diseñar mejoras para reducir tiempos de atención, costos, pasos y plazos (una patente de alcohol, por ejemplo, insume 700 pasos); e implementar el plan, etapa que ya se está realizando y que terminaría a fines de marzo.

Los municipios participantes

-Santiago, Peñalolén, Puente Alto, La Florida, Maipú, Quilicura, Quinta Normal, Valparaíso y Quilpué-, se eligieron por su volumen de empresas, explica Alberto Debarca, jefe de proyectos de Fundes, quien agrega que la idea es que la municipalidad obtenga las competencias necesarias para aplicar la metodología a otros trámites.

"Si antes se pedían 22 requisitos para una patente, podemos llegar a sólo cuatro. Pero es necesario modificar formularios, capacitar, generar soluciones administrativas, cambios en las ordenanzas. En Latinoamérica, Chile estaba en una mejor posición pero se fue quedando atrás", plantea.

Por eso, existen iniciativas de largo plazo que requieren mayor trabajo. "Para 2010 ya hay tareas programadas con estas comunas y durante el segundo trimestre se sumarán otros 18 municipios de cinco regiones", dice Duhart.

Responsabilidades

Bettina Horst, de Libertad y Desarrollo, hace hincapié en la gestión, lo que a su juicio es la base de la agilidad de los municipios. Además, dice, hay un tema de incentivos "perversos" pues la mayoría recibe recursos del fondo común municipal y eso "induce a cierta pasividad financiera ya que los incentivos para generar ingresos locales son débiles: si gestionan mejor los permisos o son más proactivos, crean más ingresos y perciben menos por el fondo común. Al final, el efecto es de suma cero".

Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea y primer vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), sostiene al respecto que la "excesiva burocracia" está en comunas que aportan al fondo y en las que no, por lo que el problema no pasa por ahí. Reconoce que "es verdad que hay entidades externas a los municipios que demoran, pero también es cierto que no somos lo bastante ágiles básicamente por la calidad y cantidad de personal y por los recursos económicos", subraya.

Los municipios tienen una dotación de personal fijada por ley desde 1993 y es claro que en 17 años las realidades económicas y de población, han cambiado. Una ley que permita a cada municipalidad fijar su planta, según sus necesidades y recursos, es fundamental para lograr más eficiencia, dice Guevara.

Eso y mayor autonomía: "Si para entregar una patente, debo tener a la vista una serie de elementos que no dependen del municipio, entonces no nos pueden pedir más agilidad".

De esa línea es la opinión de Claudio Arriagada, presidente de la AChM, para quien organismos como la autoridad sanitaria "requieren urgentemente actualizarse", y que ciertas facultades se traspasen a los municipios.

"Esto se soluciona con una ley de planta, algo que hace 11 años se tramita en el Congreso. Avancemos a la ventanilla única, que nos entreguen facultades para el control y fiscalización. No pretendo eludir responsabilidades, pero hemos avanzado con sistemas de evaluación y mejoramiento de la gestión. Debemos tener una relación directa con la dirección de obras municipales y que sus profesionales prioricen todo lo relacionado con el desarrollo productivo. Nos interesa que esto cambie, pero reitero que también urge que se modifique la ley de planta y que se actualice el código sanitario", sostiene.

Fuente: Diario Financiero