La actividad estuvo por el alcalde de Isla de Maipo David Morales y el presidente del capítulo regional de la ACHM, alcalde de San Fernando Juan Pablo Díaz, en su calidad de municipio anfitrión. Durante el seminario también expuso Claudia Castillo, por el Ministerio de la Vivienda quien se refirió a las políticas de subsidio que está aplicando el gobierno. En su exposición quedó claro que las cifras que maneja el ministerio en cuanto a damnificados es irreal, porque sólo considera las carpetas de postulación que han hecho llegar los municipios.

La mayor parte de los asistentes indicó que hay miles de damnificados del tramo FSV1, los cuales no pueden completar las carpetas por diversos motivos, entre los cuales se destaca el tema de la regularización de terrenos, lo que está impidiendo que puedan formalizar su postulación a vivienda definitiva.

El alcalde Morales se refirió a las distintas variables que inciden en la recepción definitiva de obras y los permisos de edificación. Hizo énfasis en la nula injerencia que tienen las direcciones de obras de los municipios que de acuerdo a la ley no tienen facultad de fiscalizar, sino solo aprobar la recepción final de obras.

Respecto de las responsabilidades en las edificaciones o construcciones, el alcalde Morales calificó de, “novedosa la norma que refiere en primer lugar la responsabilidad al propietario primer vendedor de la ejecución de una construcción respecto de los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos”. Luego vienen, según corresponda, la responsabilidad de los proyectistas, constructores y subcontratistas, los cuales deben ser individualizados en la escritura pública de compraventa.

Ahora, las responsabilidades tienen plazos de prescripción que van desde los 10 años para caso de fallas o defectos de la estructura soportante; cinco años para fallas o defectos de elementos constructivos o instalaciones y de tres años para defectos en terminaciones o acabado de obras.

PROPUESTAS

Como las direcciones de obras carecen de las facultades y también del recurso humano para fiscalizar eficientemente cada permiso de edificación, aceptando sólo “el principio de buena fe” de los ejecutores de los proyectos, la solución planteada por el alcalde Morales es “crear una superintendencia de Construcciones” al alero del Ministerio de la Vivienda que cumpla el rol de fiscalizador y controle la calidad y seguridad de las construcciones públicas y privadas. Paralelo a ello, el presidente de la comisión de Vivienda, planteó la necesidad de crear un registro público de edificaciones, materia que fue propuesta originalmente por el Colegio de Arquitectos que analizó sistemas similares que funcionan en Europa.

Comunicaciones AChM.