El Alcalde Rebolledo destacó que, “los Municipios hacen grandes esfuerzos financieros en el ámbito de la prevención social del delito, con programas y recursos municipales propios”. Subrayó que, “la Ley Orgánica de Municipalidades les asigna un rol muy especifico y que las Municipalidades pequeñas dependen de los recursos que provengan de las políticas públicas que provienen desde el Gobierno Central”.

La resolución colaborativa de conflictos, esto es, resolver diferencias por una vía distinta a la judicial, con apoyo profesional y con la misma validez que un juicio, es una herramienta que ha permitido a Chile y otros países solucionar, entre otros, conflictos familiares (visitas, alimentos, cuidado personal), vecinales (ruidos molestos, arriendos que no se pagan, problemas de acumulación de basura, ocupación de espacios públicos), comunitarios (peleas entre organizaciones vecinales, traslado de una feria o de un basural) o penales (cuasidelitos, faltas, daños), evitando los costos económicos y emocionales de un juicio.

Algunas de esas experiencias se conocieron en este evento, que es parte del Proyecto “Mejorando el Acceso a la Justicia y Resolución Colaborativa de Conflictos Sociales y Familiares”, que ejecuta el Ministerio de Justicia en conjunto con las 4 Corporaciones de Asistencia Judicial del país, en el marco del Programa de Apoyo a la Cohesión Social UE-Chile, programa de cooperación ejecutado por diversas instituciones públicas para fomentar políticas que contribuyan a superar la desigualdad y promover el diálogo social.

En su primera fase, el Programa cuenta con un financiamiento de 20,5 millones de euros, aportados en partes iguales por la Unión Europea y el Gobierno de Chile, bajo la coordinación de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile.

Comunicaciones AChM