Esto porque el órgano fiscalizador dictaminó que las sociedades de inversión pasiva no deberían pagar patente, lo que, a juicio de la Asociación Chilena de Municipalidades, generaría un desastre en las arcas comunales.

Por ello -detalló el presidente de la Asociación y alcalde de La Granja, Claudio Arriagada- ingresaron a la Contraloría un documento que busca revertir esta resolución del 25 de mayo que señaló que "la inversión pasiva (…) no constituye una actividad que configure el hecho gravado".

"Ya hicimos la presentación a la Contraloría para que rectifique su decisión. Lo que hemos planteado es que cualquiera sea la sociedad que genera rentabilidad debe pagar patente y hemos planteado algunas rectificaciones con sustento jurídico", señaló Arriagada.

Pese a lo tácito de la indicación, hasta ahora ningún municipio ha dejado de hacer este cobro, que se estima implicaría que comunas como Santiago dejen de percibir cerca de $ 10.000 millones al año.

Además de los municipios, lo que se afectaría fuertemente es al Fondo Común Municipal, donde llegan parte de estos recursos provenientes de las comunas más ricas, entre ellas Santiago, Vitacura, Las Condes y Providencia, y que subvencionan los presupuestos de localidades más pobres.

El director jurídico de la Municipalidad de Santiago, Patricio Lazcano, explicó que el pago de patentes de sociedades pasivas representa cerca del 10% del presupuesto y es comparable con el monto que aportan a todo el sistema educacional mediante subvenciones.

Lazcano agregó que, de acuerdo a estimaciones preliminares, el Fondo Común Municipal dejaría de percibir cerca de $ 30.000 millones.

Que se defina si el cobro seguirá o no existiendo se hace urgente -dijo el profesional-, pues hoy comienza a regir el nuevo año fiscal para el pago de patentes.

Con el fin de revertir la resolución la Asociación de Municipalidades se reunirá además con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza este 2 de julio para plantearle sus reparos.

Privados a la espera
Los abogados del estudio Palma, Daniel Lyon y Benjamín Valdés explicaron que los privados están a la espera de que de establezca cómo se caducarán los pagos y evaluando posibles acciones legales para conseguir- -inclusive- devoluciones retroactivas, lo que se reclamaría a las arcas del Fondo Común Municipal.

El socio de asesoría Tributaria de PricewaterhouseCoopers, Germán Campos agregó que "son varios miles" las sociedades enroladas como pasivas, que podrían reclamar el beneficio.

El profesional añadió que el dictamen de la Contraloría es claro en relación a que aquellas firmas que no prestan servicios ni atienden público deberían reclamar el cese del pago.

Los juristas de Palma y de PricewaterhouseCoopers coincidieron en que la manera -hasta ahora- de solicitar el cese del cobro, es que las sociedades están enviando cartas a los municipios para que tome en cuenta el dictamen, todo lo que podría quedar congelado luego de la solicitud de reconsideración de los municipios.

Fuente: Diario Financiero